Qué es el concurso de acreedores y cuándo presentarlo?
El concurso de acreedores, regulado actualmente por la Ley 16/2022, es un mecanismo clave para afrontar situaciones de insolvencia, tanto de empresas como de personas físicas. Para conocer en profundidad cómo funciona este proceso legal, hablamos con Antonio Almendros, experto en derecho concursal y director del despacho Antonio Almendros y Asociados.
¿Qué es exactamente un concurso de acreedores?
El concurso de acreedores es un procedimiento legal diseñado para dar solución a situaciones de insolvencia. Es decir, cuando una empresa, autónomo o particular no puede atender sus compromisos económicos como pagar a proveedores, abonar salarios, devolver préstamos o cumplir con Hacienda y la Seguridad Social.
En estos casos, no se trata de una opción voluntaria: la ley impone la obligación de declararse en concurso cuando concurren ciertos supuestos, precisamente para garantizar que los acreedores reciban un trato justo y evitar males mayores en el tejido económico.
¿Qué dice la ley sobre esta obligación?
La normativa vigente se recoge en la Ley 14/2022, que tiene como finalidad facilitar la reestructuración de las empresas y proteger el empleo. Esta ley permite negociar quitas, esperas y otras condiciones con los acreedores. Si no hay acuerdo, se liquida el patrimonio del deudor de forma ordenada.
¿Cuándo está obligado alguien a presentar el concurso?
Según el artículo 2.4, el concurso debe presentarse obligatoriamente cuando:
- Un juzgado ya ha declarado la insolvencia de manera firme.
- Se han iniciado ejecuciones generales que imposibilitan pagar con el patrimonio actual.
- Hay impagos persistentes, por ejemplo, más de tres meses sin abonar a Hacienda, la Seguridad Social o a los empleados.
- Se detectan ventas urgentes y a pérdida de activos, lo que puede interpretarse como una maniobra de vaciamiento patrimonial.
¿Qué tipos de concursos existen?
Existen dos tipos principales:
- Voluntario: Cuando el propio deudor se adelanta a la situación y presenta el concurso.
- Necesario: Cuando lo solicita un acreedor porque no consigue cobrar y acredita la insolvencia del deudor.
¿Qué consecuencias legales hay por no cumplir con esta obligación?
Son muy serias. La ley contempla sanciones administrativas y penales, especialmente si el concurso se califica como culpable, es decir, si se demuestra negligencia, mala fe o fraude por parte del deudor o de los administradores.
¿Cuál es la situación actual de los procedimientos concursales?
En lo que va de 2025 se han registrado más de 12.000 concursos. La gran mayoría –más de 11.000– corresponden a personas físicas. Solo unos 1.700 son de empresas. Esto refleja que la insolvencia está golpeando más a particulares y autónomos que al tejido empresarial propiamente dicho.
Además, más de 11.000 de estos casos son concursos sin masa, es decir, deudores que no cuentan con patrimonio suficiente para afrontar sus deudas. Esta figura, aunque necesaria, limita muchísimo las posibilidades de recuperación para los acreedores.
¿Qué factores están detrás de este repunte?
Varios. El fin de la moratoria contable, implementada tras la pandemia, ha obligado a muchas empresas a hacer frente a pérdidas acumuladas que venían postergando. Esto ha disparado los concursos en sectores como hostelería y comercio.
Además, las reformas legislativas recientes buscan agilizar el sistema, pero también han endurecido el acceso a la exoneración del pasivo. Ahora se evalúa mucho más la buena fe del deudor, para evitar abusos o fraudes.
¿Cómo está afectando esta situación a los acreedores?
La recuperación de los créditos se ha vuelto más difícil. La mayoría de los concursos actuales no tienen activos suficientes, lo que ha provocado una reacción de prudencia en las entidades financieras. Como consecuencia, los bancos están endureciendo las condiciones para conceder préstamos, lo que impacta especialmente en pymes y autónomos.
¿Qué se espera para el futuro próximo?
Para 2025 y 2026, el sistema concursal español tiene tres grandes retos:
- Mejorar el control sobre los concursos sin masa para evitar su uso indebido.
- Lograr un equilibrio entre la protección del deudor y los derechos de los acreedores.
- Impulsar mecanismos preventivos como la reestructuración empresarial o acuerdos extrajudiciales antes de llegar al concurso.
El sistema está avanzando hacia un modelo más moderno y preventivo, pero todavía queda trabajo por hacer para garantizar que funcione con eficacia para todas las partes implicadas.
